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Política educativa

España acumula un déficit de 7.300 millones en infraestructuras educativas

España acumula un déficit de 7.300 millones en infraestructuras educativas Pese a un ligero repunte, la licitación en infraestructuras docentes se mantiene en niveles bajos

España ha acumulado un déficit de 7.300 millones de euros en inversión en infraestructuras de Educación entre los años 2011 y 2016. Al ritmo actual de licitación, sería necesario duplicar los 1.412 millones anuales que se destinan a Sanidad y Educación para revertir esta situación en un plazo de cuatro años.

El descenso de las actuaciones en materia de infraestructuras educativas durante los últimos siete años puede suponer una amenaza para la calidad de la enseñanza en España, tal y como se desprende del último informe de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que revela que la inversión en infraestructuras de Educación se encuentra en niveles próximos a mínimos históricos.

Entre 2011 y 2016, España ha acumulado un déficit de 7.330 millones de euros en inversiones en Educación respecto a la media del periodo comprendido entre 2000 y 2009. El informe destaca una caída de la inversión pública en Educación del 67% entre 2007 y 2017, y de aproximadamente un 19% en 2017 respecto al año anterior.

Además, en 2016 España invirtió por habitante un 71% menos en infraestructuras educativas con respecto a las mayores economías europeas. Así, mientras que en 2016 nuestro país destinó 27 euros por habitante, en economías como Alemania y Francia se alcanzaron los 108 euros, en Reino Unido los 107 y en Italia, los 39. En todo caso, España se encuentra muy alejada de la media europea, que fue de 93 euros.

Los datos indican que, al ritmo actual de licitación (1.412 millones anuales en salud y educación), se tardarían siete años en recuperar el déficit acumulado desde 2011. Si se prefiere, la asociación calcula que sería necesario duplicar esta cifra para corregir la situación en un plazo de cuatro años.

Seopan llama la atención sobre la necesidad de impulsar la inversión y la licitación públicas para garantizar la competitividad y el bienestar social. Sin embargo, alerta de que las prioridades de gasto social, reducción de la deuda pública y pago de intereses no permitirán en los próximos años atender las necesidades de inversión de infraestructuras con cargo a los presupuestos públicos, por lo que considera que sería necesario un modelo de financiación extrapresupuestaria.




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Periodista especializada en Educación, Universidad e Investigación.