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G9 I+D+i universitaria

Preocupación del G9 por la temporalidad del personal investigador

Preocupación del G9 por la temporalidad del personal investigador Responsables de las nueve universidades, reunidos en Portugalete. Foto: Mitxi (UPV/EHU)

La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades ha expresado su preocupación por la situación de los procesos de revisión de los proyectos, la aplicación de la Ley de Subvenciones a la actividad investigadora y los contratos temporales de personal.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) se encuentra integrado por las únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas, como son la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Extremadura, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Oviedo, la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza.

Tras su reunión en la Universidad del País Vasco, las nueve instituciones académicas han emitido un comunicado conjunto en el que han llamado la atención ante la situación creada en torno al proceso de revisión y justificación de los proyectos de investigación, que produce “un bloqueo de los servicios de gestión de las universidades que pone en peligro los objetivos prioritarios de las estructuras universitarias encargadas de la I+D+i”. Por ello, reclaman mayor agilidad para evitar los daños de los elevados intereses de demora ocasionados por un retraso que, puntualizan, no se puede atribuir a la gestión de las universidades.

Como ya se pusiera de manifiesto en el Pleno de la Comisión Sectorial de I+D de Crue Conferencia de Rectores, el G9 universitario ha reclamado también una modificación de la actual Ley de Subvenciones que, en su opinión, no facilita la actividad investigadora, a fin de adaptarla a las necesidades reales, e incluso plantea la posibilidad de elaborar una ley específica acorde a los requerimientos de la actividad de I+D+i, ha informado la Universidad de Cantabria.

Otro importante problema de la investigación reside en el “encadenamiento de contratos temporales de trabajo del personal dedicado a la investigación y que la legislación actual no ha solucionado”. Las universidades, explican, tienen entre sus objetivos principales la I+D+i y, por este motivo, se solicita que sean consideradas en las mismas condiciones que los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), como ocurre con el CSIC. La excepción que se hace en el artículo 20.2 de la Ley de la Ciencia (LCTI) respecto a “personal investigador”, sostienen, debería ampliarse al personal técnico de apoyo a la investigación.




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Periodista especializada en Educación, Universidad e Investigación.